‘RAZÓN DE ESTADO’ : EMPRENDIMIENTO, GESTIÓN DE LA INFLUENCIA Y PUBLIC AFFAIRS.

Por Pablo Sánchez Chillón. Abogado.

Hacia una cultura de los Public Affairs en los negocios tecnológicos y digitales de nuestro país.

«And then, I realized that public affairs were also my affairs» Helen Gahagan.


Como agua y aceite.

Algo está fallando.

Emprendedores y Gobiernos no se conocen, no se entienden y además, no parece que esto vaya a cambiar en el corto plazo, al margen de algunas escaramuzas institucionales , un par de titulares pagados con dinero público y media docena de normas cargadas de lugares comunes y poca sustancia que asoman por el BOE.

Las razones hay que buscarlas a ambos lados de este teléfono escacharrado que no permite iniciar, mantener y consolidar un diálogo productivo entre el emergente ecosistema emprendedor nacional y los centros de toma de decisión gubernamentales. Esta falta de conocimiento mutuo entre estos dos mundos, por sí un inconveniente, alcanza la categoría de barrera sistémica cuándo esa ignorancia recíproca se refiere, fundamentalmente, a cuestiones esenciales para el desarrollo y supervivencia del propio ecosistema del emprendimiento nacional.

¿Ejemplos? El inexistente diálogo o intercambio de pareceres, visiones y propuestas entre instituciones y emprendimiento con carácter previo a la aprobación de esos textos legales que terminan solemnizando la regulación de los escenarios y reglas del juego que afectan a un sector como el de los negocios digitales y tecnológicos, cuya principal virtud es, no pocas veces, la de superar, esquivar o ayudar a actualizar esas normas y reglas vigentes para un mercado que la tecnología convierte en obsoletas e ineficaces.

Para entendernos, Spotify, Netflix o WhatsApp no nacieron para ayudar a mantener el statu quo, los canales, márgenes y empleos de unos sectores maduros como el de la venta de CDs, los videoclubs o las conversaciones telefónicas sino para darles la vuelta como un calcetín, de la mano de tecnologías masivas de rápida y barata implantación, incorporando una visión global que está en la base de todo negocio impulsado por una start-up que se considere como tal.

En otras ocasiones, cada vez más, el emprendimiento, – como vanguardia sistémica que es-, aterriza en entornos carentes de regulación para los que, además, no la espera ni la desea, reaccionando con cajas destempladas en redes sociales (mucho ruido y pocas nueces) cuando el poder legislativo, en todas sus instancias, termina evacuando leyes y reglamentos no excesivamente redondos en las que esos emprendedores, muy desorganizados como sector al margen de las grandes corporaciones tecnológicas, no han sabido o querido influir, por puro desconocimiento de los procesos de toma de decisiones gubernamentales.

¿Alguien duda de la capacidad de influencia y del eficaz trabajo en la gestión de los Asuntos Públicos de las compañías del sector eléctrico, por poner un ejemplo, en la definición legislativa y ejecutiva de las reglas del juego del sector? ¿O en las del sector agroalimentario, el de los transportes o el del ocio? ¿Y los emprendedores? Siendo el de la gestión de los Asuntos Públicos un rol regulado, cada vez más transparente y en última instancia, beneficioso para nuestra democracia, el sector del emprendimiento digital y tecnológico es, de momento, el novato en el campo, viendo tantas veces el partido de la regulación desde el banquillo.

De esto quiero hablaros hoy, sin descargar de culpas, claro está, al otro par del binomio, los Gobiernos y las instituciones públicas, para los que el recurso al emprendimiento, la innovación y la tecnología no pasa de ser, tantas veces, un vector de marketing institucional o comunicación política, desconociéndose desde lo público casi todo lo que sustenta y organiza el heterogéneo mundo de la economía digital.

Vayamos al pasado reciente. Hace ya algún tiempo, de la mano de IMEP y la Universidad Miguel Hernández (Elche -España) y junto a Foro Global Territorio y GlobalGOV y un solvente equipo de profesionales y docentes de los Asuntos Públicos, la Comunicación Política y las Relaciones Institucionales, (y sin haber conocido aun el funcionamiento de un gabinete de gobierno como pude hacerlo de manera activa después), me comprometí con el lanzamiento de un Máster y dos Especialistas Universitarios en este campo de las relaciones entre sector privado, sociedad civil e instituciones y gobiernos, dando pie a una experiencia vital y profesional ya cerradas (de momento…) cuyas enseñanzas creo que pueden resultan de interés para el sector del emprendimiento digital y tecnológico de nuestro país, y que me dispongo a analizar en este artículo, que pretendo enriquecer con ejemplos prácticos y aprendizajes obtenidos en el ámbito privado y en el de la vinculación a un gobierno municipal de una capital mediterránea española, confiando, como siempre, que este análisis personal pueda resultar de utilidad.

Parto en este punto de una idea de la que nadie duda hoy; para las empresas, las organizaciones empresariales y grupos de interés no institucionales comunicar y difundir sus mensajes a la sociedad y el mercado ha sido una parte indispensable de su actividad en las últimas décadas, pero ya no resulta suficiente. En un entorno global, digital y conectado como el actual, en el que la información fluye sin barreras, las instituciones, empresas y organizaciones transmiten permanentemente su propuesta de valor y sus mensajes de manera omnidireccional a los grupos de interés, colectivos, personas y las entidades con las que interactúan y se relacionan.

Sin embargo, la digitalización, la irrupción de nuevos canales, herramientas, actores, arenas y esferas públicas y la necesidad de ser conocidos y (bien) reconocidos en un escenario cambiante y crecientemente complejo, tantas veces aquejado del mal de la sobre-regulación, está obligando a los actores privados (tanto de la sociedad civil como del ámbito empresarial) a transmitir sus propuestas, a dar a conocer sus legítimas aspiraciones y a ejercer la defensa de sus intereses ante los poderes públicos de manera estructurada, ayudando a definir y enriquecer las agendas públicas a la vez que se construye una sólida reputación de sector y marca corporativa.

Ahora, a las capacidades personales y colectivas indispensables en el ámbito de la gestión empresarial, a las fortalezas y solidez del modelo de negocio y a la habilidad para proponer productos y servicios competitivos a una audiencia cada vez más exigente y saturada de oferta se une la exigencia de una serie de habilidades soft para los líderes empresariales a las que los expertos en management dedican ríos de tinta, webinars y consejos digitales sin tasa, olvidando, a veces, otras cualidades y recursos de radical interés para los negocios del siglo XXI. Algunas de estas habilidades ligeras apuntan al cultivo y desarrollo del denominado capital relacional para el mundo de los negocios, así como a la necesidad de entender, desde el mundo de la empresa y proyectando sus efectos hacia ella, los contextos y los procesos para la toma de decisiones públicas que tantas veces inciden en la cuenta de resultados de las compañías y que resultan una verdadera terra incognita para tantos actores privados de nuestros ecosistemas productivos.

Cuando trabajas en un entorno público y de gobierno te sorprende, muchas veces, la enorme torpeza con la que no pocos bienintencionados empresarios, y cada vez más emprendedores, jóvenes y no tanto, se acercan a las administraciones públicas y a los poderes ejecutivos para efectuar propuestas de valor y vender cosas una veces, provocar endosos y apoyos públicos a determinadas iniciativas o productos otras, o simplemente para enmendar, con sano espíritu crítico y una cierta actitud mesiánica, la plana gubernamental. Con enorme frecuencia, esta toma de contacto a puerta fría del emprendimiento con las instituciones se produce en el contexto del más absoluto desconocimiento del funcionamiento y la operativa real de las administraciones gubernamentales, de sus procesos de toma de decisión o aquellos que les permiten y condicionan la adquisición de servicios y productos y su implantación material en la organización. Otras veces, se yerra con la selección del interlocutor público o se ignora, igualmente, el rol y cometido de las personas que intervienen en la adopción de las políticas públicas de las que resultan beneficiarias la ciudadanía y las empresas, dando lugar a episodios muy frustrantes tanto para el emprendedor que propone, como para el mandatario o representante público que escucha y se siente interpelado por alguien que no se ha molestado en tratar de adecuar su propuesta a entornos complejos, monolíticos y plagados de inercias y servidumbres como los que rigen la acción pública gubernamental.

Este deficit de cultura institucional empresarial, tan extendido entre nosotros, que puede mover, según el día, a la compasión, a la indulgencia o a la indolencia del mandatario y su equipo de confianza y dar al traste con una buena propuesta que o bien resulta imposible de encajar en la institución o bien se hace descansar en un relato desenfocado, torpe y romo, es un gap salvable para el mundo de la empresa y el del emergente emprendimiento, con el recurso a las herramientas, las competencias y en última instancia, a los profesionales cualificados del sector, algo que, por otra parte, bien conocen las grandes corporaciones, más versadas que las pymes y los emprendedores, en la representación de intereses y la gestión de la influencia institucional y los asuntos públicos.

Tradicionalmente, esta capacidad inmanente para la gran empresa y para las organizaciones sectoriales más representativas, numerosas y expertas de asumir como funciones propias y esenciales para su cometido la escucha activa y el radar de las políticas públicas, la visión prospectiva así como la anticipación proactiva ante la toma de decisiones gubernamentales tranformadas en estrategias de gestión de la influencia ha resultado un campo ajeno para entornos empresariales y organizativos menos sofisticados. Esto resulta algo, por otro lado, bien entendible y esperable en un país de pymes y empresas familiares que subsiste, tantas veces, (a pesar y) al margen de las decisiones que se adoptan en los grandes centros políticos euro-comunitarios, en los nacionales y también en los sub-nacionales (regionales, provinciales, municipales), para los que esta mayoría empresarial silenciosa resulta una borrosa imagen de fondo, a la que sólo se recurre en período pre-electoral, por razones y motivos tantas veces tan groseros como manifiestamente perecederos.

La gestión de la influencia como ventaja competitiva para el emprendimiento digital y tecnológico.

En este estado de cosas, todo está cambiando con la misma rapidez con la que se transforma la propia naturaleza y el paisaje del ecosistema empresarial y la cultura de los negocios, especialmente con la irrupción entre nosotros del impetuoso emprendimiento digital y tecnológico y la de sus tiempos, su cosmovisión y su vocación de trascender y proyectar su modelo de negocio, sus audiencias y sus alianzas, desde su mismo momento fundante, más allá de las fronteras territoriales, culturales y de mercado que condicionaron la ejecutoria de las empresas de la economía real.

Es verdad que el mundo del emprendimiento digital y tecnológico guarda similitudes y necesidades comunes con las de la empresa tradicional, pero por sus propias características y particularidades y la de sus propuestas de valor y sus modelos de negocio, los emprendedores requieren cada vez más de una voz propia y una interlocución constante con los poderes públicos que les permitan superar y optimizar cuestiones y marcos regulatorios que no casan con el emprendimiento, asuntos de naturaleza fiscal, de capital humano o de índole organizativa pero también, y esto es importante en el contexto actual, que les ayude a ubicar y encajar su visión y sus productos en un sistema productivo y económico en contínua transformación, sin dejarse arrastrar a los marcos y los relatos de quienes los perciben en las instancias de gobierno como agentes desestabilizadores del statu quo vigente, cosa que sucede con más frecuencia de la que se supone, muchas veces de manera provocada por su inacción, su falta de iniciativa en este plano institucional o su mejorable ejucutoria individual y colectiva.

La experiencia nos muestra que el emprendimiento digital y tecnológico, a la vez que propone una visión innovadora de un producto, servicio o negocio, se topa, ya sea con contextos de onerosa híper-regulación y resistencia sistémica, más acusada en aquellos sectores tradicionales de la economía en los que incide para transformarlos, ya sea con con escenarios en los que los sistemas legales deben adaptarse ex novo y de manera atropellada a un avance o tecnología desconocidos hasta la fecha, algo que muchos hemos entendido como una ventaja competitiva clave en sectores como el de la gig economy, la economía de plataformas o todo aquello que apunta a la Inteligencia Artificial, que por sí sola constituye, además, el casus belli entre tres formas de ver y entender el mundo que enfrentamos (la de China, la de los EEUU y la Europea), aunque esto lo hayan explicado otros autores mucho mejor que yo.

Si a esta tozuda realidad le añadimos otros factores como los que apuntan a que la información y el talento fluyen prácticamente sin barreras globalmente o los que nos muestran ventajas competitivas generadas por la creciente optimización de procesos de negocio por razón de la incorporación de tecnología o por su mera automatización y comoditización, la inteligencia económica y la gestión de la influencia y la de la representación de intereses se convierten en cualidades indispensables, también, para el pragmático mundo del emprendimiento, que está obligado, como lo está cada vez más el ámbito de la mediana y pequeña empresa, a destinar tiempo y recursos a entender, asumir y tratar de influir e impactar de manera estructurada en la toma de decisiones públicas, tratando de hacer llegar a los mandatarios y legisladores sus propuestas de valor, tantas veces portadoras de un hondo calado transformador.

Sin salirnos del marco que nos ocupa, pongamos un ejemplo que nos permita entender el rango y alcance de ese eventual impacto de la acción de la representación de intereses del mundo del emprendimiento (o su omisión) en la acción de gobierno y su impacto en términos negativos en el desarrollo de un sector económico potencialmente enorme y el perjuicio que esta realidad genera al propio interés general y ciudadano. Me refiero, en este punto, al divorcio total entre el emprendimiento digital y el sector público e institucional, que más allá de algunos experimentos con gaseosa, se ignoran de manera total y absoluta.

En efecto, la cuestión de base es, cómo un mercado completo y promisorio para el emprendimiento, como podría ser el de las administraciones públicas tan necesitadas de actualización y agilización en su ejecutoria y procesos, puede permanecer ajeno a esta ola modernizadora global vinculada al emprendimiento GovTech, entendido éste como el que acercaría productos, servicios y soluciones basadas en la tecnología y la digitalización a la acción de gobierno y a la prestación de servicios ciudadanos y que hoy rehúye librar esa batalla sectorial por razones de diversa índole, que obedecen a inercias históricas de la propia administración, a la existencia de un consenso político disuasorio y fatalista sobre la condición de las administraciones públicas como esas enfermas con una mala salud de hierro de nuestro sistema que desactiva ex ante, la iniciativa transformadora del líder más osado pero que responde también, a mi juicio, a la inexistente acción organizada de influencia del sector del emprendimiento ante el legislador que perfila las normas y la estructura organizativa y deriva presupuestaria del enorme e ineficiente sector público e institucional, con las consecuencias que vengo describiendo.

Ahondando en las razones para esta incompatibilidad actual entre emprendimiento tecnológico y digital y cosa pública, y más allá de las meritorias escaramuzas impulsadas con el mecanismo de la Compra Pública de Innovación que tan bien recogen y resumen los informes recurrentes de instituciones multilaterales como la CAF, comprometidas con la modernización pública y el desarrollo del GovTech, cabe citar, las siguientes:

En primer lugar, un rango de motivos que apuntan a cuestiones legales, y de manera específica, las estrecheces provocadas en nuestro país del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que repele -posiblemente sin proponérselo- las dinámicas del emprendimiento y desactiva el interés de la inversión privada/pública con eventual retorno en start-ups de este sector gubernamental y la propia complejidad del propio texto legal que primando loables enfoques de orden garantista y de prevención del fraude y la corrupción convierte a la contratación pública municipal, por ejemplo, en un proceso, lento, farragoso y autorreferencial que está en buena medida en la base de la justificación de la pobre ejecución presupuestaria, en términos porcentuales, de nuestras administraciones públicas.

En un segundo orden, las cuestiones de orden estructural, culturales y organizativas de las propias administraciones públicas (la planta, la organización, los tiempos y la cultura imperante en estas instituciones, incompatibles con la visión, los ritmos y las expectativas convencionales de desarrollo de negocio para los emprendedores gubernamentales atrapados en las redes de la burocracia) y por último.

Finalmente, y como tercera razón para que emprendimiento digital y administración pública se comporten como dos entornos que se dan la espalda, aquellas cuestiones vinculadas a la incapacidad de los gobiernos y las instituciones para atraer y retener el talento (con carreras profesionales inexistentes y desalentadoras, con perfiles y roles obsolescentes organizados en nichos competenciales inconexos que priman, pongamos un ejemplo, la contratación de bedeles frente a la de tecnólogos o científicos de datos, o con la renuncia atávica a pelear, como lo hace el sector privado, por resultar atractivos para los jóvenes egresados etc). Para seguir con el ejemplo, y en definitiva, está en el tejado del emprendimiento nacional, en manos de este sector emergente y poco organizado, obsesionado por los KPI’s, las rondas de financiación y el mínimo producto viable hacerse oír para revertir, en este supuesto concreto del GovTech, como en otros, una inercia inexplicable en pleno siglo XXI

¿Qué factores condicionan la toma de decisiones públicas y la ejecutoria de la acción de gobierno con impacto en la cuenta de resultados de los emprendedores? Desde luego, además de las cuestiones de orden ideológico y programático y la preminencia de una determinada visión o cultura política e institucional entre nuestos mandatarios, el sentido y alcance de estas decisiones políticas (politics), que luego se transforman en políticas públicas (policies) responden, en no pocas ocasiones, y esto sucede con más frecuencia de lo que se supone, a razones de pura inercia gubernamental o al resultado de la creatividad o la capacidad de improvisación de los líderes públicos, sus gabinetes y la corte de consejeros aúlicos que rodean al mandatario en ejercicio del poder. En todo caso, y en lo que interesa a este análisis, cabe apuntar también, por su importancia creciente en este ámbito ampliado de la toma de decisiones, a la acción estructurada y a la capacidad de influencia de los grupos de interés, las instituciones y los actores privados, factores todos que, junto a las cuestiones de pura oportunidad y coyuntura política condicionan los procesos legislativos y de gobierno.

Aquella decisión tomada con la mayor información y conocimiento de su impacto y efectos sobre el bien común y la convivencia es, teóricamente, la más perfecta y estimable en nuestros sistemas democráticos, evitando sesgos e inercias que a veces, escuchando a sesudos opinadores, pareciera que sólo son estigmas predicables de los algoritmos y su estirpe digital, cuando estos se dan, naturalmente, en cualquier proceso de decisión subjetiva humana.

En todo caso, de la capacidad de dar una respuesta activa, anticipatoria y orientada desde el mundo de la empresa y desde el del emprendimiento a la pregunta sobre cómo se toman las decisiones gubernamentales depende, de manera cada vez más relevante, el éxito de un determinado negocio o producto, los derechos y la protección de los intereses de un específico nicho emergente de la economía real o la competitividad del pujante y heterogéneo ecosistema emprendedor tecnológico y digital. En este último caso, esta necesidad se convierte en indispensable por una tozuda razón que apunta a que el asociacionismo tradicional (el de las confederaciones empresariales, los institutos y las plataformas sectoriales al uso) no ha resultado tan seductor ni práctico hasta la fecha, siendo muy pocas las organizaciones de este tipo articuladas en torno al emprendimiento o ligadas a los actores más relevantes de esta nueva clase emprendedora que han visto la luz entre nosotros, por razones que probablemente tengan mucho que ver con esos factores intangibles ligados a una determinada cosmovisión y autoconciencia del emprendimiento y su sustancia (algunas veces tan audaz, tan arrogantemente transformadora y vanguardista y tan obcecadamente individualista que nos recuerda, con todas las salvedades, a aquel primer Filipo Tommaso Marinetti y su corte de intensos e iirreverentes futuristas que desde la portada de Le Figaro en 1909 fiaban a la velocidad, al humo de las locomotoras y al vuelo de los aeroplanos de los que se proclamaban nuncios, la demolición total del orden establecido, aunque esto escape, me temo, al objeto de este artículo).

CMAP- La aventura de formar a los profesionales de los Asuntos Públicos en la empresa y las organizaciones del S. XXI.

Ya hemos descrito un cierto horizonte de perfección en las relaciones de interés común entre el mundo de la empresa y las organizaciones sectoriales y el de la toma de decisiones públicas, marcando una senda aspiracional viable que enmarque esa relación recíproca entre los grupos de interés, la gestión de la influencia y la adopción de decisiones y políticas de interés general. En este sentido, este marco conceptual justifica las razones por que propongo la adopción de un enfoque profesional de la gestión de los Asuntos Públicos y la Representación de Intereses y la capacitación y recurso a los expertos en este ámbito de los Public Affairs, que sirvan de puente entre el mundo de la empresa y las instancias de gobierno y los poderes legislativos.

En efecto, el legítimo ejercicio de la influencia y los asuntos públicos requiere de profesionales especialistas con un perfecto conocimiento del medio en el que se actúa, que apliquen un enfoque y metodologías excelentes en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones institucionales, como base para la construcción de una sólida relación de confianza entre las instituciones, empresas, organizaciones sectoriales y los actores de la sociedad civil.

Atendiendo a la creciente demanda de profesionales en el campo de la Comunicación Estratégica, la Comunicación Política, las Relaciones Institucionales y los Asuntos Públicos, hace algún tiempo, junto a otros profesionales del sector, trabajé, con la vista puesta en el entorno y particularidades del Mediterráneo español, impulsar 3 programas (un máster y dos especialistas) concebidos como una formación completa en este campo, con una propuesta preparada para dar respuesta a la denuncia habitual sobre la falta de especialización y formación de nuestra clase política y empresarial en estos ámbitos. Los programas, articulados alrededor del CMAP – Máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, buscaban facilitar a los representantes y cargos electos las competencias esenciales en el ámbito del Liderazgo Público, la Comunicación de la Acción de Gobierno y la Cultura Institucional, contribuyendo a paliar el alejamiento creciente entre sociedad civil e instituciones.

Los pogramas pretendían, como objetivos docentes específicos, los siguientes, que siguen gozando de plena vigencia :

* Formar a profesionales de la comunicación estratégica capaces de establecer relaciones de confianza entre las instituciones, empresas, organizaciones y los actores de la sociedad civil.

* Capacitar a especialistas en el ámbito de las relaciones institucionales que faciliten la interacción entre las corporaciones, las instituciones, las empresas y sus públicos de interés.

*Formar a expertos preparados para influir en los procesos de toma de decisiones democráticas e intervenir en los procesos de diseño de políticas públicas.

*Facilitar a directivos, profesionales del sector privado y responsables de instituciones de la sociedad civil, los recursos necesarios para el planteamiento de la estrategia de asuntos públicos de sus organizaciones y la defensa eficaz de sus legítimos intereses ante las administraciones públicas y el poder institucional.

*Incorporar una visión práctica de la gestión de la Influencia, los Asuntos Públicos y las Relaciones Institucionales que, complementando la visión más convencional sobre estas actividades (Gobierno y Parlamento de España/ Unión e Instituciones Europeas) incida en su planteamiento en el ámbito de los gobiernos territoriales de nuestro entorno (Generalitat y Corts Valencianas, Gobierno y Asamblea de la Región de Murcia, Gobierno y Asamblea de Castilla-La Mancha, Junta de Andalucía, Govern Balear, etc), así como en los entornos municipales y esferas de poder local y provincial, familiarizando a nuestros alumnos con los espacios de toma de decisiones públicas más inmediatos.

Los programas, finalmente, no pudieron desarrollarse por razones de orden exógeno y coyuntural, pero ahí quedó el esfuerzo de una iniciativa pionera en nuestro territorio que tal vez, si el viento resulta favorable y surgen nuevos compañeros de viaje, podamos retomar en un corto plazo de tiempo.

Nota al pie: se aceptan sugerencias y apoyos (también interesados) 😉

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